Organizaciones sociales enjuician endeudamiento externo
TRIBUNAL SOCIAL DECLARA
IMPAGABLE DEUDA BOLIVIANA
**La abultada deuda externa boliviana, que equivale a más de la mitad del PIB, es ilegal, inmoral e imposibilita el desarrollo nacional, advierten entidades sociales que creen que se acentúan la dependencia y la pobreza**
ECONOTICIAS.- La deuda externa se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo boliviano al acentuar la dependencia del país y perpetuar la pobreza, advirtió el Tribunal Andino a la Deuda Externa, conformado por instituciones de la sociedad civil nacional.
La sentencia del Tribunal, que sólo tiene un carácter moral, "condena a la deuda externa contraída por el Estado boliviano a través de los gobiernos de facto y constitucionales, por ser parte esencial de una política de dependencia y constituir un instrumento de sometimiento de los países pobres, entre ellos Bolivia".
La deuda externa es también condenada "por su carácter ilegal, inmoral, ilegítima y corrupta, declarándola por ello impagable y atentatoria a los derechos del pueblo boliviano y por afectar la soberanía nacional", agrega la resolución emitida el pasado 20 de noviembre en La Paz.
El enjuiciamiento a la deuda externa surgió de una iniciativa internacional que concluirá este fin de mes en Quito, Ecuador, donde se darán a conocer las conclusiones a las que arribaron tribunales similares en todos los países de la región.
En Bolivia, la sanción moral emitida contra el endeudamiento externo fue resultado de un proceso en el que participaron representantes de Derechos Humanos, la Iglesia Católica, organizaciones sindicales y destacados especialistas, que constituyeron un Tribunal Ético.
REVISIÓN DE CUENTAS
Otras resoluciones del Tribunal Ético declaran como culpables a los distintos gobiernos nacionales, constitucionales y de facto, por contraer y permitir la vigencia de la deuda externa en condiciones absolutamente desfavorables al Estado boliviano, generando secuelas sociales irreversibles.
Asimismo, se demanda "revisar íntegramente por instancia pública, las deudas contraídas durante los últimos 30 años para determinar, si detrás de ellas, hubo corrupción y para evaluar si su destino fue a sectores que reproducen dichos recursos o por el contrario fueron a gasto corriente y dispendioso".
Hasta fines de agosto de 2001, la deuda externa pública de mediano y largo plazo del país alcanzaba a 4.477,3 millones de dólares, que equivalen a un poco más de la mitad de la riqueza generada anualmente por el conjunto de la economía nacional.
En sus dos terceras partes, la deuda externa que aún pesa sobre el país está en manos de los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otros. La otra tercera parte de la deuda se la tiene contraída con países amigos como Japón, Alemania y España, entre otros.
JURADO INTERNACIONAL
Las organizaciones sociales también propusieron "la creación de una Entidad Superior Internacional, el Tribunal de Arbitraje Internacional, a la que los países pueden apelar, cuando a deuda atente contra los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos".
Asimismo se postula "proyectar una Ley que norme la contratación de recursos financieros, acorde a la capacidad de la economía nacional respetando la soberanía y la independencia del país, como parte de una política de Estado sobre contratación, utilización y donación de recursos".