RENTA DE 25 DÓLARES DESATA CRISIS EN BOLIVIA
Nadie quiere cubrir la renta de hambre de los ancianos, mientras la plata del gas sigue durmiendo en las arcas del Estado
Redacción de Econoticiasbolivia.com
La Paz, octubre 15, 2007.- Aunque apenas alcanza para distraer el hambre, una renta mensual de 25 dólares promovida por el presidente Evo Morales para los ancianos ha sido suficiente para desatar, otra vez, los demonios en Bolivia. El beneficio que no es nuevo, que reemplaza al denominado bonosol, ampliando su cobertura y su monto para los adultos mayores más pobres, ha sido rechazado por todos los gobiernos municipales y prefecturales, que se han declarado en pie de guerra contra el gobierno del primer presidente indígena.
Nadie, por lo menos abiertamente, se declara en contra del pago a los ancianos, pero todos, incluido el propio Morales, se niegan a cubrir con sus recursos este beneficio que apenas alcanza para que cada anciano pueda pagar diariamente un vaso de leche, un plato de comida y dos marraquetas (panes).
Cifras y cambios
Según el anuncio gubernamental, la denominada “renta vitalicia dignidad”, de 300 dólares al año (2.400 bolivianos) será pagada a todos los mayores de 60 años que no reciban ningún otro pago por jubilación. Los jubilados recibirán 150 dólares (1.200 bolivianos). El proyecto de ley de Morales establece que esta renta, que será pagada mensualmente, correrá a cargo del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que reciben los gobiernos regionales (prefecturas y municipios) y las universidades públicas, de otros recursos generados en las empresas capitalizadas y de fondos del Gobierno central.
Hasta ahora, el pago a todos los ancianos (mayores de 65 años y sin diferencias entre los que recibían o no jubilación) era de 200 dólares al año, y su pago provenía de las utilidades que recibía el Estado por la privatización parcial de las empresas públicas y de otros recursos del Gobierno central.
El dinero del gas
Por ello, los gobiernos regionales, la mayor parte de ellos en manos de la oposición política de derecha, han echado el grito el cielo y dicen que Morales les está confiscando sus recursos para pagar lo que por ley le correspondería hacer al Presidente.
Desde el Ejecutivo, la respuesta es también dura. El dinero del IDH es del pueblo y correspondería, por ello, que los sectores populares sean los principales beneficiarios.
Sistema en crisis
El ministro de Hacienda, Luis Arce, ha dicho que si no se acepta la propuesta gubernamental, que para ser ley debe ser aprobada por el Congreso, el bono que actualmente se paga a los ancianos mayores de 65 años virtualmente se esfumaría, ante los reducidos niveles de ganancias declaradas por las ex empresas del Estado que son administradas por las transnacionales, bajo el denominado proceso de capitalización (menos del 50 por ciento de las acciones en manos del Estado y más del 50 por ciento en manos privadas). “El bonosol anual del 2008 sería menos de 500 bolivianos (62,5 dólares) y ya no de 1.800 bolivianos (225 dólares)”, dice para graficar la caída en vertical de las utilidades reportadas por las empresas que sostienen este beneficio, otorgado en 1997 durante el primer gobierno del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.
En el plan del ex presidente, derrocado por una insurrección popular en octubre del 2003 y actualmente refugiado en Estados Unidos, la sostenibilidad del bonosol se garantizaba con la paulatina venta de las acciones que el Estado mantiene en las empresas estratégicas (hidrocarburos, telecomunicaciones, ferrocarriles, aviación y energía), lo que si embargo es rechazado por el actual gobierno.
Recursos propios y ajenos
Por ello, cerrada la posibilidad de vender las acciones del Estado y ante el reducido aporte de las empresas capitalizadas, al Gobierno de Morales no le queda otra que sacar nuevos recursos para pagar el beneficio a los ancianos, ya sea de las arcas del Estado o del dinero destinado a las Prefecturas, municipios y universidades, o de ambos lados. Optó por esta tercera vía.
Los estudios oficiales dicen que el pago del nuevo beneficio demandará anualmente 190 millones de dólares, 70 millones más que los precisados actualmente para pagar el bonosol. Su sostenibilidad, según Arce, está garantizada con los crecientes volúmenes de producción y exportación de gas y petróleo. La renta dignidad beneficiará a 676 mil personas, mientras que los actuales beneficiarios del bonosol son 450 mil. Ambos beneficios tienen, sin embargo, un reducido impacto en la canasta familiar, calculada extraoficialmente para una familia de cinco miembros en cerca de 800 dólares al mes. Actualmente, el salario promedio del trabajador boliviano es de 100 dólares, cifras que permiten explicar las razones por las que un tercio de la población pasa hambre y otro tercio apenas recibe lo suficiente para una modesta alimentación.
Perros del hortelano
“Vamos a acudir al pueblo (…) la plata del gas debe ser para el pueblo y no para lujos”, dijo el presidente Morales, mientras su ministro de Hacienda se encarga de asegurar que más de 700 millones de dólares duermen en las cuentas fiscales de las prefecturas y municipios por ausencia de proyectos, por la ineficiencia de las autoridades de los gobiernos regionales.
Para el gobierno está claro que la resistencia de los opositores, atrincherados en las regiones, se asemeja a la conducta del perro del hortelano, que no come ni deja comer.
Lo que no dice el oficialismo, sin embargo, es que más de 4.000 millones de dólares también duermen en las arcas del Estado, como reservas internacionales, sin uso ni beneficio para el país y que permanecen congelados para complacer a la ortodoxia neoliberal con la que aún se manejan las finanzas bolivianas.
Los indicadores sobre la inversión pública muestran, también, que ni el Gobierno de Morales ni los gobiernos regionales usan con eficiencia los recursos. Concluido el mes de agosto, según los datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el Gobierno Central invirtió apenas el 42,3 por ciento de lo programado, mientras que los gobiernos departamentales sólo el 43,6 por ciento.
En contrapartida a la relativa abundancia de recursos en manos de los gobernantes, la situación de la población se agrava. Los salarios de la población trabajadora en las ciudades han perdido en el 2007 más del 8 por ciento de su poder adquisitivo, la situación económica de los campesinos es aún peor por la persistencia de la libre importación y la emergencia de los desastres naturales de principios de año, mientras que los ejércitos de informales se multiplican por la falta de empleo estable y la prevalencia de un crecimiento económico que sólo beneficia al Estado y a las grandes empresas que se dedican a explotar las riquezas naturales de Bolivia.
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