SE VIENE LA BATALLA DEL REFERÉNDUM
Redacción de Econoticiasbolivia.com
La
Paz, julio 5, 2004.- Con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y el respaldo
del líder cocalero Evo Morales, el gobierno del neoliberal Carlos Mesa
ha acudido al Ejército y la Policía para preservar el referéndum
del gas del 18 de julio y así desbaratar el boicot que organizan los
sindicatos y organizaciones sociales y populares que claman por la nacionalización.
Junto a la Corte Electoral, los ministros y principales colaboradores de Mesa están diseñando con los militares y policías un detallado plan para detener a los dirigentes que intenten sabotear la consulta, abrir los caminos que amenazan con ser bloqueados y garantizar el voto en la región del Altiplano y los valles, donde se concentra la oposición al referéndum, consulta cuestionada por "tramposa" porque no incluye la demanda de la nacionalización del gas y el petróleo.
Los sindicatos y organizaciones campesinas, aglutinadas en torno a la Central Obrera Boliviana (COB) han llamado a impedir la apertura de los recintos electorales, a cerrar los caminos, quemar ánforas y marchar hacia La Paz en un intento por liquidar el "tramparendum" (referéndum tramposo), y cuyo resultado, ya sea que triunfe el SI o gane el NO, sólo servirá para legitimar el control total que tienen las petroleras extranjeras sobre el gas y el petróleo de Bolivia.
SE ORGANIZA EL BOICOT
"El pueblo no tiene miedo. Que Mesa y Evo saquen a sus militares y policías (...) estaremos listos los trabajadores y el pueblo para enfrentarlos", dijo el dirigente de la COB, Jaime Solares, tras conocerse la intención oficial de desbaratar por la fuerza la protesta popular.
Hasta ahora, los sindicatos y organizaciones populares habían exigido que Mesa cambie sus cinco preguntas por una sola, referida a si se nacionalizaban o no los hidrocarburos, demanda que sería respaldada por más del 80 por ciento de población, tal como muestran las encuestas más confiables e independientes.
Pero precisamente por ello, y ante la evidencia de que la nacionalización ganaría ampliamente en la consulta, es que no fue incluida en el referéndum oficial, que más bien intenta contraponer la política entreguista y antinacional del ex presidente Gonzalo Sánchez, derrocado en octubre del 2003, con la política seguida por su vicepresidente y sucesor, Carlos Mesa, que sin embargo es muy similar por su alcance y contenido. Ambas políticas favorecen ampliamente a las transnacionales y dejan en sus manos la totalidad de reservas de gas y petróleo, valuadas en más de cien mil millones de dólares.
El referéndum de Mesa no toca los contratos de las petroleras ni esas reservas, posibilitando más bien su libre exportación a los mercados de Estados Unidos y México. No es casual, por ello, que las petroleras extranjeras hayan respaldado la consulta, al igual que la Embajada de Estados Unidos, todos los organismos internacionales y casi todos partidos neoliberales, además de la Iglesia Católica, los sectores empresariales y los grandes medios de comunicación.
En el bando contrario, opuestos al referéndum que no cambia nada, están los sindicatos de obreros y campesinos, los trabajadores de los diferentes sectores y las clases medias empobrecidas.
En el campo, según las instrucciones del "Mallku" Felipe Quispe, líder de los campesinos del Altiplano, "se va a declarar el estado de sitio contra el referéndum tramposo. Ya hay movilizaciones (...) Va a haber bloqueos, va a haber boicot organizado; en muchos lugares no van a recibir papeletas, lo van a quemar, en otros lugares no van a participar", dijo al advertir que los campesinos y comunarios enfrentarán a los militares. En las regiones del valle cochabambino la instrucción es similar, según dijo el dirigente campesino Alejo Véliz. El cierre de recintos electorales y el bloqueo de caminos comenzaría el 16 de julio, dos días antes de la consulta, periodo en el que se realizarán cabildos, asambleas y marchas hacia la ciudad de La Paz.
En las ciudades también está previsto que tome cuerpo la resistencia y el desacato civil. En la ciudad de El Alto ya comenzaron los mitines explicativos de la Central Obrera Regional y se prevé desde el 16 de julio un paro cívico a cargo de las Juntas vecinales. En La Paz y Cochabamba, el boicot está cargo de los maestros, fabriles, desocupados, gremialistas, estudiantes y juntas vecinales. En otras ciudades menores, la organización del boicot recae sobre las regionales obreras.
DERECHIZACIÓN DEL MAS
Al igual que en las jornadas insurreccionales de octubre, los bolivianos se han vuelto a alinear en las mismas trincheras, con la única excepción del Movimiento Al Socialismo (MAS) del cocalero Evo Morales, que ha decidido salir en abierta defensa del referéndum, hecho a medida de las petroleras.
Obsesionado por llegar al poder a cualquier precio, el MAS ha instruido que los campesinos del valle, los cocaleros y todas las organizaciones sociales que controlan apoyen el referéndum y marquen por SI en las tres primeras preguntas y por el NO en las dos últimas. Según Morales, un apoyo masivo a esta forma de elección permitiría presionar para que las petroleras paguen de inmediato más impuestos (hasta el 50%), y no en un periodo de ocho años, como plantea Mesa.
Al igual que Mesa, el MAS de Morales rechaza totalmente la nacionalización del gas y la expropiación de las petroleras petroleras, porque creen que ya no es viable en esta época de dominio imperialista y porque les cerraría toda posibilidad de acceder al poder en las próximas elecciones del 2007. El MAS se ha derechizado al extremo de combatir y sabotear las huelgas y manifestaciones de los trabajadores y sindicatos, lo que le ha generado profundos problemas internos y el repudio en vastos sectores de trabajadores y clases medias. Aunque eso le tiene sin cuidado a Morales, que más bien intenta ganar el favor de las clases medias más acomodadas, de los empresarios, de la Iglesia y de los organismos internacionales.
Otros que también están listos para combatir a los trabajadores, son los militares y policías. A ellos, especialmente a los militares, el gobierno de Mesa ya les ha prometido incorporar un artículo en la nueva Ley de Hidrocarburos por el que se destina un porcentaje de los ingresos por la exportación del gas para potenciar a las Fuerzas Armadas, según declaró el ministro de la Presidencia, José Galindo.
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