SENADORES AL SERVICIO TRANSNACIONAL

Redacción de Econoticiasbolivia.com

La Epoca, La Paz, marzo 26, 2006.- En una onerosa concesión a las transnacionales, el 4 de octubre de 2001, el entonces presidente Jorge “Tuto” Quiroga emitía el decreto 26366 que suspendía ilegalmente la aplicación del artículo 30 de la Ley de Hidrocarburos 1689, que obligaba a las petroleras extranjeras a devolver todos los campos y áreas petroleras en las que no hubiesen invertido ni hubiesen perforado por lo menos un pozo productor en un lapso de cinco años.

Si se hubiese aplicado con rigor el artículo 30 de esa ley, Bolivia, sin pagar ni un centavo, hubiese recuperado de inmediato, sin necesidad de ley expresa, decreto, nacionalización o nuevos contratos, más del 60 por ciento de los campos y las reservas de gas y petróleo, valuadas en más de 120 mil millones de dólares. Con ello, hubiese podido, sin el concurso de las petroleras extranjeras, exportar a la Argentina y Brasil y cosechar para sí todos los beneficios de la explotación de sus recursos naturales.

Pero ello no ocurrió así, porque el decreto ilegal de Quiroga fue refrendado el 2005 por el Congreso neoliberal (las fuerzas de derecha controlaban dos tercios del Parlamento) en la nueva ley de Hidrocarburos, en la que se anula el mencionado artículo 30, ocasionando un millonario daño a la economía boliviana y un levantamiento popular que concluyó con el fin del mandato presidencial de Carlos Mesa y del Congreso de entonces.

Defensa de las petroleras

Hoy, los senadores que siguen a Jorge Quiroga y a Sánchez de Lozada intentan, otra vez, anular los nuevos contratos petroleros que mejoran los ingresos del Estado, pretenden liquidar la refundación de la empresa estatal del petróleo y desgastar al gobierno del presidente Evo Morales.

“Es una lucha política”, dice el senador oficialista, Santos Ramírez, quien demandó a los senadores opositores “actuar con imparcialidad y de manera coherente” en el tema de los 44 nuevos contratos, ampliando la investigación sobre las ex autoridades de YPFB y del área de hidrocarburos durante los gobiernos neoliberales.

Sin ética ni moral

Según el ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, los opositores neoliberales “no tienen moral ni ética para cuestionar” los nuevos contratos.
Los actuales dirigentes y parlamentarios de Podemos asumieron en el pasado "una actitud militante de respaldo a los contratos de riesgo compartido firmados por Gonzalo Sánchez de Lozada con las empresas petroleras, por lo que no tienen moral ni ética para cuestionar la firma de nuevos contratos de operación que sí son favorables para el pueblo boliviano".
"Los de Podemos fueron cómplices. (...) Están las familias que durante siglos han saqueado a Bolivia y ahí están los apellidos de mucha gente de Podemos que están vinculados como el caso de los Iturralde, los Ballivián y otros", agregó el ex ministro.

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