LA DERECHA TUMBA AL PRESIDENTE DE YPFB
La guerra sucia para frenar en seco el tímido intento gubernamental para robustecer la empresa estatal del petróleo logra resultados
Redacción de Econoticiasbolivia.com
La Paz, marzo 26, 2006.- El presidente Evo Morales cedió a la demanda del Senado, controlado por la derecha, y destituyó la noche del viernes al titular de la empresa estatal del petróleo, Manuel Morales Olivera. El objetivo de los senadores opositores es frenar a cero el limitado impulso para que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) retorne a la cadena productiva, a la par que intenta desgastar al Gobierno al detener la aprobación de los nuevos contratos petroleros.
Aunque muy lejos de la demanda popular de nacionalizar el gas y el petróleo, expulsando a las transnacionales y tomando para el pueblo todos los beneficios del multimillonario negocio, los nuevos contratos negociados por el gobierno de Evo reportarán al Estado en los próximos 25 años, según información oficial, un total de 82 mil millones de dólares, más del doble de lo que hubiese ingresado al país con los viejos contratos, elaborados y avalados por los gobiernos neoliberales de Sánchez de Lozada, Hugo Banzer y Jorge Quiroga.
Pese a ello, los senadores neoliberales quieren frenar los nuevos convenios y desataron una guerra sucia contra el defenestrado presidente de YPFB, con el claro afán de liquidar los tímidos intentos gubernamentales para robustecer la presencia estatal en la exploración, explotación, comercialización e industrialización de los hidrocarburos, hoy como ayer en manos de las transnacionales como Repsol, Petrobras, Total, British Petroleum, Shell, Enron y otras.
Reparto de la renta petrolera
Según las proyecciones presentadas ante los senadores opositores por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, y el ahora ex presidente de la petrolera estatal de YPFB, Manuel Morales Olivera, el Estado obtendría 54 mil millones de dólares por concepto de regalías, participaciones e Impuesto Directo a los Hidrocarburos, otros 4 mil millones de dólares por impuestos y 23 mil millones de participaciones para la estatal de YPFB.
A su vez, las 12 transnacionales que operan en el país obtendrían 12 mil millones de dólares como costos recuperables y otros 19 mil millones como utilidades.
Estos cálculos de la distribución de la renta petrolera se basan en los precios de venta en el mercado interno, pero sobre todo en las exportaciones de materia prima barata a Argentina y Brasil (a un precio promedio entre 4 a 5 dólares el millón de BTUs, cotizado internacionalmente a 8 dólares), por lo que en esta mitad de la torta, el mayor beneficiario es el Estado en una proporción mayor al 70 por ciento. La otra mitad (los otros 4 dólares por millón de BTUs que se embolsillan las petroleras que operan como vendedores y compradores) corresponde íntegramente a las transnacionales, al igual que los beneficios derivados de la industrialización, donde las ganancias son cuatro a cinco veces más grandes que en las transacciones como materia prima.
Condiciones de saqueo
En su comparencia en el Senado, Morales y Villegas explicaron que la vigencia de los nuevos contratos posibilitará que el Estado boliviano duplique sus ingresos. Los contratos anteriores, suscritos por los gobiernos neoliberales del pasado y defendidos por los actuales senadores, establecían, según la información oficial, una distribución más favorable para las transnacionales.
Así, si se mantuvieran las reglas definidas en los contratos firmados y avalados por los gobiernos neoliberales de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer y Jorge Quiroga, el Estado obtendría apenas el 41 por ciento de la renta petrolera y un ingreso total de 39 mil millones de dólares (menos de la mitad de lo conseguido con los actuales contratos), mientras que las petroleras hubiesen ganado 77 mil millones de dólares, casi cuatro veces más que con los nuevos contratos.
De acuerdo a estas cifras oficiales, las diferencias son evidentes entre ambos contratos, aunque “poco importantes” para los parlamentarios seguidores de los ex presidentes Sánchez de Lozada, Quiroga y Jaime Paz Zamora, que a lo largo de la semana pasada intentaron mostrar, sin éxito, que los nuevos contratos petroleros del gobierno de Evo Morales eran contrarios al interés nacional, demasiado favorables para las transnacionales, que habían sido elaborados por asesores extranjeros y negociados de forma poco transparente y oscura por los equipos de la petrolera estatal de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos.
Ataques y cifras
Las denuncias y ataques de los senadores neoliberales se centró en el presidente interino de YPFB y aumentó en intensidad en la última quincena, tras que el pasado 13 de marzo la Cámara de Diputados aprobara en sus dos instancias las enmiendas a los convenios y los remitiera al Senado para su revisión y posterior sanción.
Pese a conocer estas cifras, los senadores interpelantes prosiguieron con su afán de cuestionar otros aspectos y todos los errores operativo-administrativos de la negociación para desacreditar la gestión gubernamental y lograr la caída del presidente de YPFB, lo que finalmente lograron al anochecer del viernes.
Secreto y reservas
En las sesiones convocadas en instalaciones de la Cámara Alta , en las Comisiones de Constitución y Hacienda, los representantes del Gobierno y los miembros del Senado acordaron realizar una “sesión reservada”, sin fecha aún definida, para analizar la fórmula o modelo matemático que establece, en cada uno de los 44 contratos, la distribución específica de los ingresos tanto para el Estado como para las petroleras.
Otro de los cuestionamientos que se hace a los actuales contratos es el referido a la posibilidad que tendrían las empresas transnacionales para anotar como suyas las reservas de gas y petróleo en los mercados bursátiles internacionales, extremo que pondría en duda la titularidad de los recursos hidrocarburíferos existentes en el país y que han sido valuados en al menos 200 mil millones de dólares.
Sobre el particular, el ministro Villegas aseguró que no existe esa posibilidad y advirtió que el Gobierno expulsará a las empresas transnacionales que inscriban las reservas como suyas.
Negociación de anexos
Sin embargo, fue en el tema de los anexos que los senadores opositores hicieron centro para defenestrar a Morales Olivera, al que acusaron de tomar decisiones unilaterales, de actuar a espaldas del presidente Morales y de negociar y pactar en secreto el cambio del Anexo D con las empresas Petrobras, Total y Andina, reduciendo los ingresos del Estado.
En su informe de casi 11 horas ante sus detractores, el presidente de YPFB explicó las características de las duras negociaciones con 12 petroleras, realizadas contra reloj para suscribir 44 contratos, y demostró que no hubo ninguna ilegalidad, destacando que los resultados finales obtenidos en las negociaciones que estuvieron a su cargo eran beneficiosas para el país.
Sobre el Anexo D, Morales Olivera explicó que Petrobras había reclamado para tener un Anexo “blando”, similar al de las otras empresas, a lo que se había accedido inicialmente en forma verbal, pero que posteriormente se optó por aplicar el Anexo D “duro” pactado anteriormente.
Para refrendar lo anterior, Villegas y Morales presentaron un acta – fechada el 10 de marzo de 2007– en el que las petroleras extranjeras reconocen la validez el Anexo D “duro”, además del documento de reposición del documento original, con lo que queda claro que no hubo daño económico para el Estado y que lo que ocurrió fue parte de las duras negociaciones con las petroleras, en las que las partes ceden y presionan constantemente en función de alcanzar sus objetivos.
Asesoramiento externo
En relación al asesoramiento de especialistas extranjeros, Morales Olivera y Villegas desmintieron que abogados y especialistas extranjeros foráneos hubiesen elaborado, redactado y definido los nuevos contratos.
El primero de ellos explicó que, en el marco de los convenios de cooperación con Venezuela, se pidió asesoramiento internacional y la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) les proporcionó abogados estadounidenses y mexicanos.
El segundo aclaró que los especialistas externos brindaron “asesoramiento”, pero que no elaboraron ni redactaron los contratos.
Villegas dijo que “la negociación estuvo a cargo del equipo boliviano y se hizo en los diferentes pisos del edificio YPFB, de forma transparente y no en Miami o Washington”, tal como era práctica común en los gobiernos neoliberales que ponían en ejecución las normas, leyes y contratos que definían el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o las empresas extranjeras, que de este modo obtenían ingresos millonarios a costa del Estado (estos son los casos, por ejemplo, del actual Código de Minería, que permite desde hace dos décadas que las empresas exporten en promedio 500 millones de dólares, dejando al Estado apenas entre 5 a 7 millones como regalías e impuestos, o del contrato firmado con la Enron en Estados Unidos por Sánchez de Lozada).
Copyright © Econoticiasbolivia.com 2007 - Designed for 800 X 600