EVO OFRECE MÁS NEGOCIOS A PETROLERAS QUE VIOLAN LA LEY Y SAQUEAN
Redacción
de Econoticiasbolivia.com
La
Paz, octubre 23, 2006.- Aunque una cincuentena de auditorías confirmó
que las transnacionales petroleras violan la ley, inflan sus inversiones y
ganan millones a costa del Estado, el gobierno del presidente Evo Morales
les ofreció un nuevo y millonario negocio por 20 años con la
Argentina a fin de que legalicen sus contratos ilegales hasta este fin de
semana.
Según un informe presentado por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, las auditorías realizadas a las empresas petroleras que operan en el país develaron millonarias ganancias a favor de las transnacionales, al amparo de una lesiva y onerosa legislación aprobada por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Villegas señaló que 49 informes preliminares entregados por las empresas auditoras a su Ministerio, revelan que han detectado en varias compañías petroleras montos sobredimensionados sobre las inversiones realizadas en el desarrollo de los campos y que no guardan relación con la información que habían entregado las transnacionales a su despacho.
Las ganancias de las petroleras, como Repsol, Petrobras, Total, Shell, Pan American, Vintage, Total y otras, fueron astronómicas, tanto en el mercado interno como en el externo. "La rentabilidad fue alta. Las empresas obtuvieron en el mercado interno ganancias muy altas. Estamos hablando del 20 o 25 por ciento de la tasa interna de retorno", señaló Villegas, que dijo que se constató que algunas empresas (Repsol y Petrobras) obtuvieron extraordinarias ganancias por la exportación de gas natural boliviano a Brasil y Argentina.
Citó, por ejemplo, que mientras el precio oficial de exportación de gas a Brasil por millón de BTU era de 3,35 dólares, una de esas compañías, que opera como exportador en un lado de la frontera y como comprador en el otro, vendía el energético en 1,09 dólares el millón de BTU, a fin de pagar menos impuestos que los establecidos. "El gas que llevaban de aquí era materia prima para otro país y las ganancias se multiplicaban porque la empresa que compraba el energético boliviano era la misma".
Señaló que esa operación, que violaba los términos del contrato, no constituía un fraude para Bolivia por la simple razón que todas las empresas tenían libertad para fijar precios, encontrar mercados y definir políticas.
Otra de las irregularidades que detectaron las auditorías tienen que ver con las inversiones en el desarrollo de los campos petroleros y gasíferos, es decir en la perforación de los mismos. Villegas dijo que las auditorías verificaron diferencias sustanciales en el costo de la perforación de pozos que van desde 20 millones de dólares por pozo hasta 40 millones de dólares.
Las auditorías también confirmaron que las petroleras violaron la ley al no perforar pozos de exploración y producción en la cuantía necesaria como para mantener sus concesiones territoriales por el lapso definido de cinco años. Estas compañías no perforaron los pozos ni devolvieron las parcelas, incumpliendo la ley y ocasionando un daño estimado en 1.300 millones de dólares, señala el informe preliminar de las auditorías. En este caso, el Estado boliviano podía, sin erogar ni un centavo, recuperar legalmente esas parcelas y con ello el 60 por ciento de las reservas de gas y petróleo que están bajo la explotación de estas transnacionales, que controlan un total estimado de 200 mil millones de dólares.
Frente a esta cadena de irregularidades y las omisiones culposos de los diferentes gobiernos, la administración de Morales ofreció a las petroleras, por 20 años, la explotación del nuevo mercado de exportación de gas a la Argentina (similar al que se tiene con Brasil), a un precio subvencionado de cinco dólares el millón de BTU, a fin que las transnacionales paguen tributos y regalías sobre ese monto y no sobre los 8 dólares, que es la actual cotización internacional.
Con ello, el gobierno intenta que las petroleras accedan a firmar nuevos contratos hasta el próximo sábado, que es cuando se cumple el plazo de 180 días otorgados en el decreto autodenominado de "nacionalización de hidrocarburos". Ese decreto ampliaba por segunda vez el plazo de 180 días inicialmente concedido en la ley 3058, aprobada por el Congreso neoliberal en mayo de 2005 para resguardar los intereses de las transnacionales. Esa ley provocó el levantamiento popular contra el gobierno de Carlos Mesa y fue resistida incluso por Evo Morales y sus seguidores, los que sin embargo hoy quieren aplicarla para legalizar los contratos petroleros. En lo esencial, esta ley establece que las petroleras podrán explotar los yacimientos bolivianos si pagan, en términos nominales, el 50 por ciento de impuestos y regalías.
"Todas las empresas están negociando y con una buena actitud y disposición (…) No estamos negociando una caja de cacahuates, sino millones de dólares. Tememos inclusive el error de una coma", dijo Villegas al ratificar que el plazo vence indefectiblemente el 28 de octubre.
Villegas explicó que los nuevos contratos que firmará el Estado boliviano con las empresas del sector petrolero "harán fuerte énfasis en exploración", debido a que Bolivia tiene que cumplir el convenio suscrito con el Gobierno argentino.
"Los procesos de negociación que tenemos con las empresas (petroleras, de) ahí van a salir los compromisos de inversión, el desarrollo de campos y la identificación de los campos que van a enviar el gas a la Argentina", agregó.
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