PETRAS: EVO Y SU APUESTA POR EL CAPITALISMO
James Petras, especial para Econoticiasbolivia.com
Abril, 2007.- Muchos estudiosos, políticos, periodistas y comentaristas extranjeros progresistas han calificado con entusiasmo el gobierno de Evo Morales de radical, revolucionario y parte de un bloque antiimperialista. Estudiosos tan diferentes como Noam Chomsky, Ignacio Ramonet, Emir Sader, Heinz Dietrich, Marta Hanecker e Immanuel Wallerstein han descrito a Morales como parte de una nueva ola izquierdista que estaría barriendo América Latina. Lo que resulta llamativo de estos eruditos celebrantes del presidente Morales es la ausencia de cualquier tipo de análisis empírico de la reciente trayectoria política del presidente boliviano y de las políticas socioeconómicas y públicas implementadas durante sus primeros 15 meses en el poder.
Una primera aproximación a la comprensión del gobierno de Evo Morales consistiría en hacer un breve resumen de su papel y el de su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), durante el período anterior a su elección y su relación con los dinámicos movimientos sociales en relación con el cambio sociopolítico.
Esta perspectiva histórica permite establecer las bases para definir las concepciones teórico-prácticas de Morales y García Linera (vicepresidente) que guían la estrategia y el programa de gobierno.
Una vez establecidos los objetivos estratégicos y las directrices generales, disponemos de los fundamentos para analizar las políticas concretas desarrolladas en importantes sectores socioeconómicos y las alianzas y los compromisos táctico-políticos que el gobierno ha anudado.
El gobierno de Evo Morales en una perspectiva histórica
Contrariamente a la mitología de muchos intelectuales progresistas, Morales no tuvo ningún papel en los tres principales alzamientos, entre 2003 y 2005, que condujeron al derrocamiento de dos presidentes neoliberales: Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Más concretamente, Morales, opuesto al levantamiento de febrero de 2003, se hallaba en Ginebra asistiendo a una conferencia interparlamentaria durante el exitoso levantamiento de octubre de 2003 que echó del poder a Sánchez de Lozada, y asimismo hizo todo lo que tuvo en su mano para socavar la huelga general de mayo y junio de 2005 que expulsó a Carlos Mesa del poder.
Un análisis serio demuestra que Morales puso todo el peso del partido y sus organizaciones sociales en apoyo de la exitosa candidatura de Carlos Mesa a la presidencia, a pesar de que éste había sido vicepresidente de Sánchez de Lozada. Morales intervino de nuevo tras la dimisión de Mesa, apoyando al juez neoliberal de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, como presidente provisional en la carrera a las elecciones presidenciales de diciembre de 2005.
Más tarde, Morales transformó totalmente la sustancia de las demandas de los movimientos sociales de convocar una Asamblea Constituyente para refundar la República. Los movimientos sociales exigían que las elecciones a la Asamblea Constituyente tuvieran lugar por medio y a través de movimientos populares sociales de masas. Con ello se garantizaría que dicha Asamblea reflejase los intereses de los trabajadores y los campesinos. Morales rechazó esta demanda y consiguió un acuerdo con los desacreditados partidos de la oligarquía a fin de realizar unas elecciones a la Asamblea Constituyente basadas en unidades territoriales en las que la maquinaria electoral de los partidos de las élites dominasen la elección.
El resultado fue la casi completa marginación de los movimientos sociales de la citada Asamblea. Tras un año de conflictos de procedimiento en la Asamblea , Morales accedió a otorgar a los partidos de la oligarquía un virtual derecho de veto sobre la nueva constitución, mediante el acuerdo de que fuese necesario contar con dos tercios de los votos para la aprobación de todas las leyes constitucionales.
Una de las divergencias del gobierno de Morales respecto a las demandas de los movimientos sociales insurreccionales fueron sus nombramientos ministeriales para los principales puestos de la economía y su continuación de las políticas fiscales ortodoxas. Con ello se hizo hincapié en el equilibrio presupuestario y en una política monetaria estricta, en detrimento de la inversión pública en programas sociales y programas contra la pobreza, por ejemplo la duplicación del salario mínimo o incrementos salariales sustanciales para los maestros, los trabajadores de la salud y otros sectores públicos mal pagados.
Consideraciones teóricas
El declive del pensamiento social marxista es claramente evidente en la trayectoria y la estructura política y las políticas del movimiento de Morales (MAS y las asociaciones indio-campesinas afiliadas). La lógica y la teoría propuestas por supuestos teóricos de izquierdas son deductivas, postmodernas, ahistóricas y antimaterialistas.
En lugar de examinar empíricamente las prácticas políticas de clase de Morales y del MAS a fin de construir una teoría, los teóricos de izquierda comienzan por asumir que ser indio, tener un origen popular y haber dirigido movimiento popular hace que este gobierno, ipso facto, sea radical revolucionario y antiimperialista. La lógica deductiva excluye toda la panoplia de acomodos de clase y reasignaciones de clase que acompañaron el cambio decisivo de dirección, de las luchas directas de masas de a las políticas parlamentarias electorales.
El postmodernismo se centra exclusivamente en la acción cultural y simbólica y en el teatro político , por encima y en contra de las luchas de clases sustantivas, las modificaciones de la propiedad y las relaciones de clase. Para el postmoderno, el énfasis de Morales en la identidad indígena, su participación en los eventos vestido a la usanza nativa y sus asaltos verbales y amenazas a los oligarcas y conspiradores son la expresión de una nueva manera revolucionaria de hacer política.
Al centrarse en la identidad, los postmodernos ignoran las enormes diferencias de clase entre unos campesinos desnutridos y sin tierras y una clase media dinámica formada por políticos, líderes y agentes del poder indígenas. Los postmodernos ignoran la colaboración económica flagrante entre Morales y las élites agroexportadoras blancas, las compañías petroleras europeas y estadounidenses y los millonarios hindúes del complejo minero de El Mutún.
La obsesión postmoderna con la retórica o el texto de las presentaciones de Morales ante auditorios masivos, en las que se lanza a realizar acrobacias lingüísticas demagógicas los ciega respecto a todo lo relativo al contenido real de clase y nacional de sus políticas.
De aquí que su revolucionaria nacionalización del petróleo y el gas haya sido poco más que un aumento de los impuestos pagados por las multinacionales al Estado. Ninguna empresa transnacional ha sido expropiada. Se ha dado el caso incluso de que el precio de cinco dólares por millón de metros cúbicos vendido Argentina está a un 40% por debajo del precio mundial y los pagos de Brasil, un año después de la nacionalización, siguen siendo de los mismos cuatro dólares, y en algunos casos de hasta 1,9 dólares, igual que durante el periodo de Sánchez de Lozada y Mesa. El teatro, las lecturas textuales y la retórica producen entretenimiento y ocasionalmente proporcionan una cierta imagen del estilo, pero no de la sustancia material de la política económica de un gobierno.
El punto de partida teórico para una comprensión completa de un gobierno debe ser una comprensión histórico-empírica de su acción política y de las constantes orientaciones de clase de los actores políticos en su ubicación dentro de la estructura de clases a lo largo del tiempo. El marxismo histórico-empírico analiza la economía política, es decir las relaciones estructurales entre las clases gobernantes y el Estado, y los gobiernos elegidos y su base electoral.
Este enfoque materialista desmitifica el significado real de las políticas culturales, por cuanto se sabe que a lo largo de la historia los políticos reaccionarios y reformistas han combinado su apoyo al imperialismo y las políticas favorables a las empresas transnacionales con las prácticas culturales tradicionales. En África, Senghor en Senegal y Mobutu en Zaire enfatizaban la negritud como política cultural, a la vez que abría la puerta al pillaje europeo y estadounidense de sus economías. Duvalier en Haití, Haya de la Torre en Perú, Ferdinand Marcos en Filipinas combinaron un tradicionalismo étnico y la identidad religiosa con políticas reaccionarias pro imperialistas.
La pregunta fundamental es cuáles son las relaciones económico-políticas de propiedad y las relaciones de clase que enmarcan la recuperación de las prácticas culturales étnicas tradicionales. Con demasiada frecuencia, los gobernantes étnicos manipulan el simbolismo cultural tradicional con el fin de distraer la atención de la colaboración de clase, y mantener o ampliar la dominación imperial de la economía y la concentración de la propiedad de la tierra.
Me permito sugerir que el revival cultural indio-andino constituye un arma ideológica manipulada por Morales y García Linera con el fin de crear la cohesión indio-campesina y conseguir el apoyo a las políticas socioeconómicas que favorecen a las empresas transnacionales, los agroexportadores, los banqueros y la élite de los negocios.
En cambio, algunos teóricos han establecido un esquema de clasificación histórica comparativa, que sitúa al régimen de Morales en el marco nacional-populista de Jacobo Arbenz en Guatemala (1946-1953), Juan Domingo Perón en Argentina (1946-1955) y Getulio Vargas en Brasil. Este método consistente en establecer analogías históricas es útil hasta cierto punto, pero pasa por alto algunas divergencias importantes. Arbenz expropió importantes extensiones de tierra de la empresa estadounidense United Fruit Co. y las distribuyó entre campesinos e indígenas sin tierras; Morales ha prometido repetidamente defender las grandes plantaciones de la agroindustria. Perón expropió intereses petroleros y los ferrocarriles, financió un amplio sistema de seguridad social, duplicó el salario mínimo y dio su apoyo a las demandas salariales de los trabajadores; Morales ha desarrollado unas políticas fiscal y monetaria ortodoxas. Vargas creó un importante sector industrial independiente de fabricación de acero; Morales ha vendido a la transnacional hindú Jindal la gran explotación minera –hierro y manganeso— de El Mutún en unas condiciones absolutamente ridículas y vergonzosas y en situación de industrialización mínima.
Asimismo, una comparación contemporánea positiva de Morales con el nacionalismo de Chávez está fuera de lugar. Chávez ha expropiado una serie de grandes latifundios y ha dado tierras a más de 100.000 familias, ha expropiado algunas compañías importantes de electricidad de propiedad estadounidense, ha desarrollado a una inversión social masiva y creado nuevas formas de participación directa de los ciudadanos. Morales ha cooptado a los líderes del movimiento social a la vez que intentaba subordinar los movimientos que lideran a las políticas parlamentarias de su partido. Morales rechazó la expropiación de latifundios privados de los 100 principales latifundistas y mantiene un presupuesto de austeridad a pesar de disponer de los mayores ingresos por exportación de energía y productos minerales en la historia a raíz de los favorables precios internacionales. Sin un marco teórico claro, es imposible proceder a una comprensión global y profunda de la dirección actual y futura del gobierno de Morales.
La teorización del capitalismo boliviano según Morales y García Linera
La teorización que realizan el presidente y el vicepresidente bolivianos gira en torno a varios ejes:
- una teoría por etapas del cambio político económico
- una crítica del capitalismo neoliberal encarnado en el modelo de Sánchez de Lozada
- una concepción alternativa de capitalismo normal o capitalismo andino-amazónico (empresas transnacionales más cooperación Estado-agroindustria)
- una alianza estratégica productivista con las empresas transnacionales, las élites agroexportadoras y la burguesía nacional
- una alianza ecléctica con el Brasil de Lula (Petrobras), la Argentina de Kirchner (Repsol), el Chile de Bachelet, la Venezuela de Chávez, la Cuba de Castro, los Estados Unidos de Bush y la UE , y el FMI/Banco Mundial.
Las primeras políticas del gobierno de Morales destinadas a garantizar la colaboración de las élites económicas extranjeras y nacionales consistieron en la aplicación de políticas de estabilización ortodoxas, la restricción de las inversiones sociales y públicas, la defensa de los grandes consorcios de propietarios y la desmovilización de la protesta popular. El gobierno consiguió el apoyo de Venezuela, Cuba y los intelectuales progresistas de otros países con una serie de discursos llenos de retórica antiimperialista, afirmaciones culturales y diplomacia personal. En el frente nacional, Morales cooptó a los líderes de los movimientos sociales mediante su participación en el gobierno, realizó concesiones mínimas a las demandas económicas locales, consiguió confundir temporalmente a sus masas de base con una retórica de nacionalizaciones y promesas de reforma agraria, a la vez que de conjuración de conspiraciones y complots en momentos puntuales de cuestionamiento popular.
La teoría de las etapas según Morales y García Linera
La teoría de desarrollo que impulsan Morales y García Linera se basa en una versión bolivariana de la teoría económica liberal de las etapas del desarrollo.
Durante la primera etapa, la economía se estabiliza mediante políticas económicas y fiscales ortodoxos. Se mantienen las relaciones de propiedad y de clase existentes, y se incrementan los incentivos y las subvenciones estatales, así como los acuerdos de largo plazo por parte del Estado. Hay un control de las demandas salariales y del gasto social que permite una alta tasa de beneficios con el fin de aumentar las inversiones de las burguesías nacional y extranjera en proyectos industriales.
Durante la segunda etapa –etapa de despegue —, el incremento de la producción industrial y las exportaciones de productos básicos aumenta los ingresos del Estado, basándose en una triple alianza estratégica de capital público, nacional y extranjero. La teoría afirma que una mayor acumulación de riqueza en lo alto de la pirámide producirá un goteo descendente. Los sindicatos, en esta etapa, se hallan maniatados por pactos tripartitos. Se realiza todo tipo de esfuerzos para contener y fragmentar las demandas salariales y de bienestar social con el fin de permitir la acumulación de capital. Asimismo, se utilizan sindicatos y contratos de empresa paralelos para dividir a los trabajadores.
Durante la tercera etapa, Bolivia accede al capitalismo normal : los campesinos sin tierra son desplazados del campo y son absorbidos por el nuevo sector minero-industrial o emigran al extranjero. Se crea un programa mínimo de bienestar social, la economía se amplía, las exportaciones florecen y financian al Estado, y los impuestos y los gastos alcanzan un equilibrio, a la vez que los conflictos de clase se mantienen limitados a unas tímidas demandas económicas. El MAS gestiona un sistema corporativo formado por el Estado, el capital y los sindicatos.
En una última etapa –a décadas o siglos vista—, el capitalismo normal llegará al límite de su utilidad como motor de desarrollo y será sustituido por una versión del socialismo andino , en el que una supuesta unión de indígenas, trabajadores y burguesía nacional socializará la producción.
Esta teoría del desarrollo del capitalismo normal deriva en gran parte de una crítica de los anteriores modelos neoliberales desarrollada en las políticas del ex presidente Sánchez de Lozada.
Comparación: Sánchez de Lozada, Evo Morales y los movimientos sociales
El intento del presidente y su vicepresidente de crear una versión boliviana del capitalismo normal surge de una crítica de la cleptocracia, del proyecto neoliberal depredador de Sánchez de Lozada y de un rechazo del programa anticapitalista de los movimientos sociales revolucionarios. El modelo de este capitalismo normal no es una ruptura completa ni es una simple continuación del pasado, ni tampoco consiste en la exclusión de los movimientos sociales. Este modelo se basa en la premisa de hacer entrar en vereda a los agroexportadores, el sistema bancario y las compañías transnacionales que apoyaron a Sánchez de Lozada, mediante políticas que regulen su actuación, a fin de que paguen sus impuestos e inviertan, y a la vez incitando a estos sectores a cumplir con las normas del capitalismo normal .
A fin de presionar a las élites económicas para que acepten el modelo propuesto, el gobierno confía en los movimientos sociales como palanca. Morales y García Linera utilizan el movimiento social para bloquear los movimientos separatistas contra la coalición y para enfrentar a la coalición de la media luna que tiene su centro en Santa Cruz 1 . El régimen confía en los movimientos para contrarrestar las actividades obstruccionistas en el Congreso y la Asamblea Constituyente y garantizar la firma de los acuerdos petroleros y de gas con las compañías transnacionales. El gobierno de Morales necesita a los movimientos sociales para crear un contrapeso político a los neoliberales cleptocrático-depredadores, del mismo modo que depende de las élites económicas privadas para desarrollar la economía.
Esta situación de equilibrio tan problemática requiere hacer concesiones económicas al sector capitalista (que apoya a la derecha política) y una dramatización constante en un teatro político pleno de símbolos destinada a los movimientos sociales.
Los movimientos sociales son los instrumentos, no los beneficiarios, del modelo de Morales y García Linera. Son útiles para apoyar a Morales en su intento de ampliar el sector económico estatal como parte de la triple alianza compuesta por las compañías transnacionales extranjeras del sector extractor (petróleo, gas, estaño y hierro), en colaboración con las empresas estatales y con un sector nacional privado dominante en el árbol o exportación, los bancos, el comercio y el sector minero de tamaño medio (cooperativas)
Todo el modelo teórico conceptual de Morales de capitalismo normal se basa en la armonización y la articulación de la triple alianza, que excluye cualquier tipo de cambios estructurales en la propiedad que las relaciones sociales. Asimismo, e igualmente importante, depende de la exclusión de la clase trabajadora y el campesinado de cualquier tipo de posición económica y política de toma de decisiones o de las palancas del poder. En su lugar, la triple alianza depende totalmente de la cooperación de los líderes del movimiento, de la incorporación de facto de los movimientos como apéndices del Estado. Se convocan periódicamente reuniones de masas, se producen ocupaciones militares teatrales de empresas extranjeras con Morales a la cabeza, a fin de conseguir un efecto public itario y propagandístico importante. Se denuncian periódicamente conspiraciones y complots de la élite extranjera, nunca demostrados, coincidiendo con la firma de contratos gravosos, todo lo cual da a la imagen de un presidente antiimperialista cercado. Nunca se produce el arresto de ninguno de los conspiradores ni tampoco se mencionan sus nombres, y las investigaciones que se inician no ofrecen resultados.
Con el fin de aclarar la distancia existente entre el tándem Morales-García Linera y los movimientos sociales, y el contraste entre el capitalismo normal y el capitalismo depredador resulta útil determinar sus diferencias en aspectos fundamentales de tipo político y socioeconómico.
Cuadro comparativo
Modelo del capitalismo normal de Morales-García Linera
Modelo del capitalismo depredador de Sánchez de Lozada
Modelo de un movimiento social revolucionario
Gas, petróleo y transnacionales
Aumento de los impuestos, joint ventures
Desnacionalización, impuestos bajos o inexistentes, ventas ilegales de las empresas estatales
Nacionalización mediante expropiaciones y control de los trabajadores
Política agraria
Promoción de la agroexportación, reforma agraria limitada a tierras de propiedad pública poco fértiles, mecanización
Expropiación y apropiación ilegal de tierras estatales y de los campesinos, promoción de la agroexportación
Reforma agraria general, expropiación de tierras productivas fértiles
Políticas raciales e indígenas
Igualdad cultural de las razas, respeto de la tradición india
Discriminación racial a todos los niveles y en todo lugar
Transformación socioeconómica y cultural, transferencias de propiedad e ingresos a la población indígena
Corrupción
Persecución del contrabando, moralidad en los puestos públicos, vínculos entre lo público y lo privado
Cleptocracia, pillaje de los recursos públicos, ilegalidad en el comercio, las privatizaciones y la venta de tierras y empresas
Renacionalización de todas las empresas privatizadas, persecución del aprovechamiento ilegal y de la ilegalidad en las grandes empresas, transnacionales y agroexportadores
Capitalismo
Mayor representación, expansión de todos los sectores (burguesía alta, media y baja) y del Estado
Élite burguesa, transnacionales; marginación y escasa representación de la pequeña burguesía
Expropiación de la alta burguesía; regulación de la burguesía media, control estatal de los altos niveles económicos
Inversión extranjera
Concesiones, impuestos moderados, promoción, joint ventures
Concesiones libres de impuestos, bajos impuestos, propiedad al 100 %, bajos precios de venta del gas
Expropiación bajo un sistema de gestión de los trabajadores y el Estado
Política de ingresos
Austeridad para las clases asalariadas, utilización del superávit presupuestario para incrementar las reservas extranjeras; repatriación de los beneficios de las transnacionales en divisas. Mantenimiento de las desigualdades, incrementos salariales y del salario mínimo graduales.
Austeridad para los trabajadores; pillaje de los ingresos fiscales por parte de las élites, aumento de las desigualdades; congelación de los salarios de los niveles más bajos del sector público y del salario mínimo de los trabajadores.
Políticas igualitarias de ingresos. Incremento de la inversión pública en la producción, los salarios y duplicación del salario mínimo. Controles de capital. Moratoria de la deuda.
Relaciones capital trabajo
Mantenimiento de las relaciones capital-trabajo. Supresión de algunas leyes antilaborales. Oposición a las huelgas y a la movilización social independiente.
Régimen represivo, homicidio y encarcelamiento de trabajadores y campesinos reivindicativos, y de pobres.
Liquidación de la explotación capitalista del trabajo; supresión de todas las leyes laborales restrictivas. Legislación que promueva el control de los trabajadores de los medios de producción. Persecución de las figuras políticas y capitalistas que hayan participado en el homicidio de trabajadores.
Alianzas político económicas
Triple alianza
Alta burguesía y transnacionales
Alianza de trabajadores, campesinos, indígenas, y población urbana pobres
Política exterior
Ecléctica en lo relativo a Cuba y Venezuela, los países pertenecientes al neoliberal Pacto Andino y semiautónoma respecto a EE UU y la UE. Mantenimiento de un contingente militar en Haití.
Satélite de EE UU; subordinación a las transnacionales europeas, argentinas y brasileñas.
Política antiimperialista independiente, alineada con Venezuela y Cuba.
Política macroeconómica
Política fiscal y monetaria ortodoxa, tendencia al incremento de la inversión pública.
Política fiscal y monetaria ortodoxa.
Expansión del gasto público destinado a la producción y el consumo popular.
Según el cuadro sinóptico que antecede, resulta evidente que la única fuerza política que favorece cambios estructurales son los movimientos sociales revolucionarios. Las políticas de Morales se basan fundamentalmente en cambios graduales organizados para la reforma del sistema capitalista con el fin de que incorpore un sector mayor de capitalistas, amplíe el sector capitalista del Estado y proporcione una mayor representación de los sectores de la pequeña burguesía. Sus políticas giran en torno a una moralización de la burguesía: conseguir que paguen impuestos, descartar los funcionarios corruptos, cumplir las normas y declarar los beneficios y ganancias reales.
Es precisamente esta agenda ética burguesa de Morales lo que lo diferencia principalmente de las políticas depredadoras y cleptómanas de Sánchez de Lozada; y resulta evidente a partir de la continuidad del mismo sector agroexportador, las grandes empresas, las élites bancarias y las transnacionales. Es también asimismo evidente en las disparidades de ingresos y propiedad de la tierra.
En cuanto al estilo de gobierno, Morales confía tanto en el aparato del Estado como en la movilización de masas para mantener su poder y contener a las élites separatistas de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Tarija. En contraste, Sánchez de Lozada dependía exclusivamente del aparato del Estado y, en menor medida, de grupos paramilitares aliados con los grupos agroexportadores. Bajo el gobierno de Sánchez de Lozada, el Estado estuvo implicado en una serie de masacres. Morales confía en formas más suaves de represión, negociación, cooptación y control social, en lugar del uso de la fuerza.
En resumen, la verificación empírica de la situación nos muestra que Morales representa un nuevo estilo de gobierno capitalista, una reforma del modus operandi capitalista, nuevas normas para la expansión del citado capitalismo, una política exterior ecléctica y una coalición diferente de gobernantes capitalistas. De ninguna manera representa una ruptura radical o revolucionaria con el capitalismo, representa únicamente un intento de moralizar a las actuales élites. Incluso las credenciales reformistas de Morales son cuestionables, en la medida en que no se han producido cambios presupuestarios sustanciales, ni reducción de las desigualdades sociales, ni un incremento sustancial de la parte de ingreso destinada a los asalariados. Solamente en un sentido muy estricto de incrementos graduales del salario mínimo y de los salarios de la función pública podemos considerar reformista a Morales. En el ámbito de la política exterior, muestra un eclecticismo diplomático, dependiendo económicamente de las transnacionales, con una retórica antiimperialista a la vez que mantiene un alto nivel de dependencia de la ayuda tanto europea como estadounidense.
Crítica teórica
Con los años, los izquierdistas, dentro o fuera de gobiernos progresistas, han contrapuesto dos concepciones estratégicas divergentes del desarrollo político económico, que implican consecuencias profundamente distintas.
Una escuela de pensamiento afirma que un gobierno recién elegido debe en primer lugar estabilizar la economía, superar la crisis y reconstruir la estructura productiva a partir del mal estado en que la ha dejado el anterior gobierno reaccionario, antes de proceder a cambios estructurales.
Una opinión alternativa propone que el gobierno progresista ha sido elegido precisamente debido a la crisis del sistema económico, y que su tarea consiste en cambiar las estructuras económicas con el fin de consolidar el poder mientras la clase capitalista sigue estando todavía desacreditada, desorganizada y en situación de crisis.
La estrategia de estabilización presenta algunos problemas estratégicos. En primer lugar, concede a la clase capitalista el tiempo necesario para reagruparse y recuperarse de su derrota, descrédito y desarraigo político. Cuando el gobierno progresista no actúa en el momento de máxima fuerza y máxima debilidad de la oposición, pierde su ventaja estratégica.
La estrategia de estabilización seguida por Morales ilustra las debilidades y las consecuencias debilitantes de la pérdida de un momento histórico. En el curso de un año, los partidos de derecha se han reagrupado, han movilizado a sus seguidores y han conseguido paralizar la Asamblea Constituyente. La burguesía y los propietarios de la tierra han conseguido efectivamente establecer los límites a cualquier tipo de cambio social.
El segundo aspecto problemático de la política de estabilización es que el gobierno progresista carga los costes socioeconómicos de la reconstrucción y gestión de la crisis en las espaldas de la clase trabajadora mediante presupuestos de austeridad y políticas monetarias y de ingresos restrictivas. Al limitar el cambio social e imponer obstáculos a las demandas y movilizaciones de los trabajadores, el gobierno permite a los capitalistas recuperar sus tasas de beneficio y consolidar su hegemonía de clase.
En tercer lugar, un gobierno cuya política económica debilite a su base social popular y refuerce la recuperación de sus oponentes de clase crea con ello obstáculos importantes a cualquier esfuerzo subsiguiente de cambio estructural. Aun cuando el régimen progresista llegue a adaptar a los capitalistas reagrupados, no puede esperar ningún tipo de alianza estratégica, por cuanto la clase capitalista preferirá a sus propios líderes e instrumentos políticos y rechazará todo partido o movimiento cuya base de masas pueda seguir ejerciendo presión.
Por último, la política de estabilización revive una poderosa configuración del poder económico dentro de la estructura política institucional que impide cualquier tipo de cambio futuro. Es imposible iniciar cambios estructurales de importancia una vez que las clases populares han sido desmovilizadas, la clase capitalista ha superado su crisis y la nueva clase política está integrada en un sistema económico consolidado. La estrategia de estabilización no pospone el cambio temporalmente, lo imposibilita estructuralmente en el futuro.
La historia nos ha mostrado repetidamente que cuando una clase social gobernante se halla amenazada por un movimiento insurreccional cede parte del poder a una oposición electoral que se compromete a operar en el marco de los parámetros institucionales del Estado burgués. Se acepta el acceso al gobierno de líderes populares en la medida en que la nueva clase gobernante controle a las clases peligrosas. En la medida en que el gobierno procede simplemente a moralizar la economía capitalista, garantizar la santidad de los intereses de la gran propiedad y obedecer las tácticas dilatorias y los frívolos argumentos de procedimiento de la Asamblea o el Congreso, la clase capitalista se envalentona y pasa a la ofensiva, atacando la existencia misma del Estado unitario, la legitimidad del gobierno e incluso las mínimas reformas.
Mientras Morales y García Linera pretenden conseguir una estrategia de unidad nacional para el desarrollo económico basada en un modelo sociopolítico corporativo, la clase capitalista resurgente (extranjera y nacional) que opera desde las alturas estratégicas de los sectores financieros y de exportación aprovecha cada concesión y pide todavía más. La clase capitalista sustituye desde arriba a la lucha de clases, dentro de las instituciones y fuera de ellas. Las premisas fundamentales del capitalismo normal , tal como lo entienden Morales y García Linera, entran en conflicto íntimo con la racionalidad y la lógica de la acumulación capitalista, y la necesidad de los capitalistas de gobernar exclusivamente por y para sí mismos.
La tolerancia de los revivals culturales, el teatro populista y la demagogia política a la antigua es útil en tiempos de crisis y de amenazas reales en la calle. Una vez consolidada, la clase capitalista busca sus propios líderes orgánicos, sus tecnócratas y su propia reivindicación cultural.
Atrapado entre una clase popular desmovilizada, cada vez más a la defensiva, y una burguesía ascendente, cada vez más a la ofensiva, los líderes del capitalismo andino no tienen donde recurrir, excepto dando a nuevos espacios a los leales de su partido, los tecnócratas neoliberales, y proporcionando concesiones neoliberales claramente definidas.
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* Aportación de James Petras a la Conferencia sobre Crisis estatales y emergencia revolucionaria , con ocasión del 4º Congreso Nacional de Sociología de Bolivia ( La Paz , 14.4.2007)
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