BOLIVIA: LA NACIONALIZACIÓN PETROLERA NO FUNCIONA
En medio de un minué político con Brasilia y ásperas negociaciones con Petrobras, el gobierno de Evo Morales no logra poner en pie a su petrolera estatal
El Clarín de Argentina
La
Paz, agosto 26, 2006.- A casi cuatro de los seis meses previstos para la nacionalización
de los hidrocarburos decretada el 10 de mayo por el presidente Evo Morales,
Bolivia está ante una encrucijada. El eje del plan, la resucitada YPFB,
a quien todas las demás compañías pasarán a prestar
servicios, simplemente no funciona.
El gobierno se vio obligado a suspender el proceso de nacionalización y a reconocer que se avanzó poco en la ejecución del decreto que establecía 60 días para la reestructuración de YPFB. En un comunicado, admite que la participación de la estatal en toda la cadena productiva del sector está temporariamente suspendida, debido a la falta de recursos económicos. Para superarlo, se gestiona un préstamo de 180 millones de dólares con el Banco Central boliviano. La exigua suma indica la fragilidad del poder de maniobra del gobierno. Especialistas del sector calculan que se necesitan cerca de 5.000 millones de dólares para que YPFB asuma todo el proceso.
De todas sus nuevas atribuciones, la estatal sólo logró negociar el aumento en el precio del gas vendido a Argentina a 5 dólares el millón de BTU (valor que subiría desde enero) y elevó la participación del Estado a 82% en los principales campos gasíferos operados por la brasileña Petrobras, por donde pasa el éxito o el fracaso de la nacionalización.
Restan dos meses para que las multinacionales migren a un nuevo contrato, pero ese proceso requiere auditorías, actualmente atrasadas o paralizadas, para definir la participación de las empresas y en cuánto el Estado las indemnizará por asumir su mayoría accionaria. El Estado no tiene de dónde sacar dinero para compensar a las multinacionales.
El principal punto de conflicto es la negociación con Petrobras, que en los últimos diez años invirtió 1.500 millones de dólares en el país. La brasileña tiene un contrato hasta el 2019 por el cual el precio que paga por el millón de BTU (hoy de 4 dólares) debe reajustarse trimestralmente según la variación de una canasta de combustibles en el mercado internacional. Bolivia quiere elevar ese valor a 7 dólares. Petrobras se niega a un reajuste por fuera del contrato. Las negociaciones llegaron a una impasse y fueron suspendidas hasta el 14 de septiembre. Las dos partes amenazan con recurrir a un arbitraje internacional.
Para superar el actual punto muerto del proceso, el gobierno boliviano pretende obtener políticamente lo que técnicamente no avanza. Evo Morales quiere que Lula se involucre. El presidente brasileño esquiva. Deja la discusión en el campo empresario con Petrobras y pidió a Morales que no entorpezca su carrera hacia la reelección en octubre. La discusión promete ganar voltaje.
"Brasil necesita comprender nuestras necesidades en el proceso de refundar Bolivia. Contamos con esa cooperación para llegar a un consenso", dijo a Clarín el canciller boliviano, David Choquehuanca. Pero analistas del sector creen que una comprensión política de Lula sería mal interpretada por el mercado y tendría costos políticos internos.
El vice de Evo, "álvaro García Linera, buscó en Brasilia esta semana un salvavidas. Los dos gobiernos decidieron retomar las negociaciones interrumpidas hace dos meses. La condición para retomar el diálogo en septiembre es que no haya rupturas de las reglas vigentes en los actuales contratos. García Linera aceptó: "Queremos dar vuelta la hoja de cualquier desencuentro y malentendido habido en el pasado". Según los presentes, García Linera se mostró afligido ante la posibilidad de que Petrobras cumpla su promesa de no invertir más.
Mientras
el vicepresidente boliviano buscaba el jueves en Brasilia encauzar las relaciones,
el ministro de Hidrocraburos, Andrés Solíz Rada, acusaba Petrobras
de sabotear la nacionalización. García Linera declaró
que de las negociaciones participarán, de ahora en más, también
otros tres ministros (Presidencia, Planificación y Economía).
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