REPSOL: FISCALES PONEN EN APRIETOS A EVO
Gobierno boliviano sufre el coletazo de su anterior política de confrontación verbal con las petroleras. Evo Morales y su vicepresidente dan nuevas garantías
Redacción de Econoticiasbolivia.com
La
Paz, agosto 28, 2006.- Una acción judicial de la Fiscalía de
Bolivia en contra de la petrolera Repsol ha puesto nuevamente en figurillas
al gobierno de Evo Morales y ha colocado más obstáculos en su
intento por alcanzar nuevos acuerdos con una veintena de transnacionales,
que aún explotan ilegal e inconstitucionalmente sus millonarias reservas
de gas y petróleo, las segundas más importantes de Sudamérica.
El pasado viernes, fiscales bolivianos allanaron las oficinas de Andina, una filial de Repsol y detuvieron hasta el sábado al síndico de la petrolera Saúl Encinas, en el marco de una investigación sobre un contrato de Repsol con Petrobras que habría ocasionado al Estado un daño económico de 190 millones de dólares, según el Ministerio de Hidrocarburos.
La acción fue entendida por Repsol como una "sistemática persecución" en su contra, motivó la protesta y preocupación del gobierno de España y obligó al gobierno de Morales a tomar distancia del problema, que es, en el fondo, el último coletazo de su anterior política hidrocarburífera que buscaba, a través de la denuncia y la presión pública, forzar a las transnacionales a llegar a acuerdos.
Esta política, de confrontación verbal, impulsada por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, fue sustituida la pasada semana por otra de conciliación más amistosa, como la desarrollada con Petrobras y Brasil por el vicepresidente boliviano Alvaro García Linera, que es el nuevo estratega del gas y la nacionalización.
PROMESAS Y CERTEZAS
"Queremos decir a España y a Repsol que el Gobierno de Bolivia apuesta por las negociaciones, por los nuevos contratos. Necesitamos inversión, pero no necesitamos ni patrones ni dueños. Lo hemos dicho antes y seguimos con esta posición (…) Como Gobierno respetamos las investigaciones que hacen los poderes del Estado, el ministerio Público y su tarea, pero el Gobierno jamás va romper relaciones con empresas. Habrá diálogo, concertación, nuevos contratos en el marco del decreto supremo de nacionalización", aseguró Morales, quien a principios de año había asegurado que expulsaría a las petroleras que hubiesen cometido delitos.
El Presidente remarcó que la acción era emprendida por la Fiscalía y no por el Gobierno (aunque la denuncia inicial fue realizada por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada) y aseguró que algunos medios de comunicación estaban magnificando el asunto.
El presidente Morales dio garantías expresas al gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró ayer en Santander que las autoridades bolivianas habían ofrecido su "compromiso político" para "encontrar una solución" mediante "el diálogo" al conflicto surgido como consecuencia del allanamiento de las oficinas Andina, la filial de la petrolera española Repsol YPF en el país sudamericano.
COMPROMISO POLÍTICO
En declaraciones a los medios, Moratinos señaló que el Gobierno español "siempre ha apostado por el diálogo" y "por encontrar una solución que defienda la relación bilateral con Bolivia". En todo caso, incidió en la importancia de salvaguardar también los "intereses" de la empresa española, "y una empresa tan importante como es Repsol", acotó.
"Hemos estado en contacto con el presidente, Evo Morales, con el ministro de Asuntos Exteriores y con otros ministros de Bolivia", destacó Moratinos, quien abogó por "encontrar un marco de cooperación" y "diálogo", y recalcó que el Gobierno boliviano "nos ha dado su compromiso político" para llegar a una "solución" a través del diálogo.
Paralelamente, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo este fin de semana conversaciones telefónicas con Evo Morales y con el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, que recién se hizo cargo de la conducción de la política hidrocarburífera de Bolivia, así como las negociaciones con las petroleras extranjeras.
Según informó el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, estas negociaciones se iniciarán a partir de mañana y estarán a cargo de un equipo negociador de cinco ministros. Hasta la pasada semana, estas negociaciones, así como la política del gas, era atribución específica de Soliz Rada.
LA REACCIÓN DE REPSOL
Desde Madrid, la compañía Repsol YPF advirtió ayer que si continuaba "la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia" contra Andina -la filial de la petrolera hispano-argentina en el país- "ejercitará acciones legales en defensa de sus derechos".
En un comunicado público, la empresa denuncia el "injustificado registro" que la Fiscalía efectuó el viernes en las oficinas de Andina y dice que observa "con verdadera preocupación que algunas personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público del Gobierno de Bolivia", quieran abrir procedimientos penales contra Repsol YPF.
"Estas reiteradas e injustificadas actuaciones obligan a Repsol YPF a plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en defensa de sus derechos y los de sus empleados", precisa el comunicado. Además, la petrolera expresa su "creciente preocupación por la falta de seguridad jurídica que en la actualidad existe en Bolivia".
Para Repsol, la requisa fiscal es "una medida impropia de un estado de derecho y del respeto al orden jurídico constitucional", ya que el contrato supuestamente irregular y suscrito con la brasileña Petrobras "cumple todos los requisitos de la legislación boliviana" y "en ningún caso ha ocasionado perjuicio económico alguno".
Además, la compañía cree que la actuación del Ministerio Público de Bolivia ha sido "arbitraria" y "carece de todo fundamento".
Andina
y Petrobras, encargadas de proveer gas boliviano al Brasil, son acusadas de
un "pacto secreto" en 2002. Por ese medio se habría burlado
una fórmula de reajuste periódico del precio del energético
enviado a Brasil. Y, según la Fiscalía, el Estado boliviano
habría perdido entre 160 millones y 190 millones de dólares
por este acuerdo.
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