Redacción de Econoticiasbolivia.com
Oruro,
febrero 9, 2007.- El Decreto Supremo 29026, de nacionalización de la
Empresa Metalúrgica Vinto, "Federico Escobar Zapata", entregado
este viernes y que revierte al Estado la Empresa Metalúrgica Vinto,
ratifica el derecho soberano del Estado boliviano a disponer de sus recursos
naturales y de sus empresas.
En su parte resolutiva el decreto dispone:
"Se revierte al dominio del Estado boliviano el Complejo Metalúrgico Vinto con todos sus activos actuales, disponiendo que la empresa metalúrgica Vinto asuma de inmediato el control administrativo técnico, jurídico y financiero de acuerdo al artículo 77 del Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo".
"La Empresa Metalúrgica Vinto, a través de sus ejecutivos, dispondrá las auditorías financieras, técnicas y jurídicas que determinen las responsabilidades de Ley".
FUNDAMENTOS
LEGALES
El decreto 29026 señala que el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales dispone, en su artículo uno, "que todos
los pueblos tienen el derecho de libre determinación para el logro
de sus fines".
Todos los pueblos, agrega, "pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, por lo que en ningún caso podrá privarse a los pueblos de sus propios medios de subsistencia".
De acuerdo con el documento, el modelo neoliberal impuesto en Bolivia en 1985, "generó la liquidación de las empresas estatales estratégicas a través de los procesos de capitalización y privatización, provocando relocalización y agudizando el desempleo".
En la parte considerativa del decreto, se señala que "la fundición de Estaño Vinto fue transferida violando diferentes normas y disposiciones legales", incluso sin que el Parlamento nacional haya conocido este proceso
Explica además que "la Ley 1544 de 21 de febrero deá1994 incluyó a la Empresa Metalúrgica Vinto como empresa pública sujeta al proceso de capitalización, pero que la Ley N º 1982á de 17 de julio de 1999 excluía específicamente a la Empresa Metalúrgica Vinto de los alcances de la Ley de Capitalización disponiendo que el Poder Ejecutivo determine el mecanismo de su transferencia al sector privado en el marco de la Ley 1330 de 24 de abril de 1992, Ley de Privatización, norma esta que no prevería la transferencia de Unidades Productivas Estratégicas"
"Sobre tal incoherencia jurídica, el entonces Ministerio de Comercio Interior e Inversión mediante Resolución Ministerial 139/99 de 24 de junio de 1999 aprobó el Plan Específico de MB-ESTAÑO 05/99 que comprendía la ilegal transferencia de la Empresa Metalúrgica Vinto", revela el decreto.
El
proceso de transferencia del Vinto se consumó finalmente mediante el
decreto 25631 de 24 de diciembre de 1999 adjudicando "la licitación
MCEI-COMIBOL-EMV-ESTAÑO-UR-LIC-005-99 a la firma Allied Deals PLC,
por el monto de 14.751.349 (catorce millones setecientos cincuenta y un mil
trescientos cuarenta y nueve 00/100 dólares) sin cumplir las condiciones
establecidas en los pliegos de condiciones de la licitación mencionada,
generando irreversibles daños económicos al Estado boliviano".
La Empresa Metalúrgica Vinto estaba valorada en 140.000.000 dólares
americanos y fue adjudicada 14.751.349, lo que "constituye un evidente
perjuicio al patrimonio del Estado boliviano".
Asimismo, el decreto señala que la Empresa Metalúrgica Vinto fue entregada a la extinta empresa Allied Deals "en situación de quiebra en su país de origen ocasionando un gravísimo daño a la propiedad del Estado Boliviano".
La cláusula 7.2 del contrato de compra venta de Vinto establecía la prohibición de transferencia a terceros, antes de 3 años de la vigencia del contrato, obligación que fue vulnerada por la citada Allied Deals PLC "con claras intensiones fraudulentas contra el interés público".
Finalmente,
la disposición conocida hoy, destaca que se trata de una medida soberana
que recupera la lucha histórica de los bolivianos por su independencia
económica, pero que además recoge el mandato del pueblo que
recibió el gobierno del Presidente Evo Morales, el 18 de diciembre
de 2005 en las urnas.
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