EL BANCO MUNDIAL TRABAJA LA LEY DEL GAS DE BOLIVIA
No habrá ni "nacionalización responsable" ni expropiación ni confiscación. Los contratos con las petroleras no se tocan y la recuperación de la propiedad estatal de los hidrocarburos en boca de pozo sólo servirá para los nuevos contratos, dice el proyecto que sintetiza, a su modo, los resultados del referéndum. Se viene la batalla por la nueva ley de hidrocarburos
Redacción de Econoticiasbolivia.com
La
Paz, julio 21, 2004).- Funcionarios de Banco Mundial trabajan conjuntamente
con autoridades del gobierno en la elaboración de una nueva ley de
hidrocarburos de Bolivia orientada a dar estabilidad a la inversión
extranjera, garantizar las millonarias operaciones de las petroleras, dar
vía libre a sus proyectos de exportación y evitar todo aquello
que suene o huela a nacionalización.
La nueva ley, que sintetizará los resultados del referéndum y reemplazará a la aprobada durante el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, será presentada en las próximas semanas a consideración del Parlamento, donde se prevé una nueva batalla con los parlamentarios de los partidos neoliberales y los del Movimiento al Socialismo (MAS), que habían apoyado la consulta del domingo, pero que ahora muestran sus diferencias sobre el alcance y magnitud de las reformas que introducirá la nueva legislación.
Todos ellos deberán enfrentar, además, la presión de los sindicatos y organizaciones sociales que no participaron del referéndum, propiciando un fuerte ausentismo (más del 40% de los inscritos) y que reclaman por la nacionalización del gas y el petróleo, a través de movilizaciones y acciones de masas.
La nueva ley, trabajada por los expertos del Banco Mundial y del gobierno está muy lejos de la expropiación y de la confiscación de las reservas hidrocarburíferas y de las propiedades de las petroleras, como exigen los sindicatos que quieren que pase al Estado la riqueza petrolera que hoy atesoran las transnacionales y que alcanza a por lo menos cien mil millones de dólares.
Este proyecto de ley tampoco acepta la modificación y/o alteración de los contratos que tienen las petroleras con el Estado, ni las ventajas ni privilegios que gozan, cual es el reclamo del MAS de diputado cocalero Evo Morales, el principal aliado de Mesa. Entre estos dos socios, el principal problema radica en definir los plazos en que se modificarán los impuestos que deben pagar las petroleras. El proyecto de Mesa establece que será poco a poco y en la medida que las petroleras exporten masivamente a los mercados de Argentina, México y Estados Unidos, por lo que el aumento impositivo regiría desde la próxima década. En cambio, el MAS exige que el aumento tributario sea inmediato.
En declaraciones a la prensa internacional, el propio presidente se ha encargado de señalar que no habrá expropiación ni confiscación y que la "recuperación de la propiedad estatal de todos los hidrocarburos", apoyada en el referéndum, se ejecutará sólo para los nuevos contratos que firme el Estado y no para los actuales.
"La definición impositiva es soberana e indiscutible del Estado boliviano. No tiene nada que ver con los contratos y que nosotros aumentemos un impuesto complementario es nuestro derecho y no modifica un milímetro el contrato. En cuanto a la propiedad del gas o petróleo en boca de pozo la ley lo planteará de cara al futuro y no de cara a los contratos preexistentes. Intentaré la migración de los contratos de la ley actual a la ley nueva en función de un interés compartido. Además, haré que se cumplan los contratos en un tema tan crítico como la inversión de pozo por parcela, que no se cumplieron, y eso es mucho dinero. Quien no quiera modificar el contrato tendrá que hacer la inversión, ante lo cual yo podré ofrecerle un nuevo contrato más interesante", aseguró Mesa.
La presencia del Banco Mundial en la elaboración de la nueva ley garantizaría, además, que no quede nada de la promesa que hizo Mesa para ir hacia la "nacionalización responsable". Esto quedó claro en el acuerdo que el gobierno boliviano firmó el pasado 2 de junio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el que se establece que Bolivia presentará ante el Congreso una ley que facilite las exportaciones de las petroleras, en torno a una estrategia que debe ser aprobada hasta fines de octubre.
El acuerdo con el FMI fue suscrito, a nombre de Bolivia, por el ministro de Hacienda, Javier Cuevas, y el presidente del Banco Central, Juan Antonio Morales, en el marco del "Memorando Suplementario de Políticas Económicas y Financieras", que anualmente rigen las relaciones entre el Fondo y el país más pobre del Sur de América.
"Estamos trabajando de cerca con el Banco Mundial y nos proponemos designar a una comisión de expertos internacionales para revisar la nueva Ley y para que den consejo en la elaboración de la estrategia apropiada para las grandes reservas del hidrocarburo que tiene Bolivia", dice el Memorando enviado en inglés por Cuevas y Morales el 2 de junio del 2004 a la Directora del FMI Anne Krueger.
Según lo comprometido por el gobierno nacional al FMI, el referéndum sería el instrumento para viabilizar que las transnacionales como Repsol, Petrobras, Bristish Gas, Total y otras puedan exportar gas a los mercados de Argentina, México y Estados Unidos, refrendando las negociaciones ya adelantadas por Mesa con los presidentes y autoridades de esos países.
Así, uno de los efectos inmediatos de estos compromisos será la ampliación de los contratos que tienen Repsol y Petrobras para exportar gas a la Argentina, pasando de los actuales 4 millones de metros cúbicos diario a 30 millones, durante los próximos 20 años.
Esta venta, que superaría lo que actualmente envían las petroleras asentadas en Bolivia al Brasil, se realizaría bajo los mismos parámetros tributarios que rigen la actividad hirdocarburífera en Bolivia: 18% de impuestos para el Estado y el resto para las empresas que participen del negocio.
Otro emprendimiento que se iniciaría de inmediato, en su primera fase, sería la venta de otros 30 millones de metros cúbicos de gas a México, según los acuerdos previos establecidos por los gobiernos de ambos países. En este negocio también participarían Repsol, que controla casi un tercio de todas las reservas de gas de Bolivia, British Gas, Petrobras, Total y otras.
La
venta de gas al Estado norteamericano de California también sería
reasumida de inmediato por Repsol y sus socios, que han decidido respaldar
el referéndum del domingo, en el entendido que viabilizará la
exportación de gas, hasta ahora cerrada por la insurrección
de octubre del 2003.
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