GOBIERNO ANUNCIA QUE PETROLERAS ACEPTAN SU DECRETO
Autoridades del Gobierno de Evo Morales aseguran haber recibido cartas de Repsol y Petrobras aceptando el decreto de la "nacionalización" simbólica
Redacción de Econoticiasbolivia.com
La
Paz, mayo 4, 2006.- Dos altas autoridades del gobierno boliviano anunciaron
que las transnacionales Repsol y Petrobras comunicaron su disposición
para aceptar el nuevo decreto petrolero de Evo Morales y para iniciar negociaciones
con miras a firmar nuevos contratos. Voceros de las empresas, sin embargo,
restaron veracidad a estas declaraciones.
Al anochecer de este miércoles, el superministro de Planeamiento, Carlos Villegas, y el presidente de la empresa estatal del petróleo de Bolivia (YPFB), Jorge Alvarado, confirmaron por separado que las empresas Petrobras, Repsol-YPF y Transierra fueron las primeras petroleras en hacer conocer oficialmente al Gobierno su disposición de acatar el Decreto Supremo 28701, emitido el primero de mayo, que impulsa una simbólica "nacionalización" y que otorga, en los hechos, un plazo de 180 días para legalizar los hasta hoy ilegales e inconstitucionales contratos de las transnacionales que explotan el gas y el petróleo de Bolivia (ver: "La nacionalización ficticia de Evo Morales").
Esta disposición habría sido comunicada oficialmente mediante carta oficial dirigida al gobierno, en la que las petroleras habrían "aceptado las nuevas reglas del juego" y su deseo de permanecer en el país, aseguraron las autoridades bolivianas.
El presidente de YPFB aseguró que Petrobras a nombre de sus cuatro filiales -de la parte de distribución, refinación, transporte y energía- anunció que "ellos obedecerán y acatarán" las disposiciones contenidas del DS 28701 (ver: "Nacionalización?: NO. Evo presiona por nuevos contratos petroleros").
De la misma manera, sostuvo que la petrolera hispano argentina Repsol hizo saber a YPFB que permanecerá en el país, al igual que Transierra, que comunicó que continuará con la provisión de los servicios de transporte aplicando las disposiciones de los contratos y reglamentos.
"Repsol-YPF y sus subsidiarias están a disposición de las autoridades de Bolivia para cumplir con las obligaciones impuestas en el decreto," dijo el grupo en una carta remitida al presidente de la petrolera estatal boliviana YPFB, con copia al ministro boliviano de Hidrocarburos.
Pese a ello, desde Madrid, responsables de Repsol señalaron que en los pasados días no ha habido ningún contacto "oficial ni oficioso" con el gobierno boliviano y que la empresa sigue a la espera de conocer en detalle el decreto de nacionalización anunciado el pasado lunes por el presidente del país, Evo Morales.
"No ha habido ninguna reunión y por eso ni siquiera podríamos decir si lo aceptamos o no", señaló la directora de Relaciones Externas de Repsol YPF en España, Begoña Elices, en declaraciones a la edición digital del diario "El Mundo.
Petrobras, por su parte anunció la suspensión de futuras inversiones en Bolivia, a la espera de negociar los nuevos contratos, aunque en la Cumbre de Iguazú, celebrada este jueves entre los mandatarios de Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia, el presidente Lula anunció la disposición para seguir invirtiendo en el país. Los cuatro presidentes acordaron, además, impulsar las negociaciones bilaterales sobre la comercialización del gas boliviano, que tiene su mayor conflicto en la intención boliviana de elevar el precio de exportación para Argentina y Brasil, y no por los cambios en la tributación ni otros aspectos del decreto de Morales.
Alvarado explicó que el gobierno de Evo Morales no tiene la "mínima intención de expulsar a las empresas que operan en el país, más bien queremos garantizar sus correspondientes utilidades y darles esa seguridad jurídica que siempre han reclamado", dijo. La amenaza de expulsión de las transnacionales como Repsol, Petrobras, Total, Enron, Shell, British Petroleum y otras, que controlan y explotan reservas de gas y petróleo valuadas en más de 150 mil millones de dólares, proviene de las organizaciones sociales y populares que quieren una verdadera nacionalización para que el Estado reemplace en toda la cadena productiva a las petroleras y use el 100 por ciento de las millonarias ganancias del negocio para vencer la pobreza y marginalidad que agobia a dos terceras partes de la población.
Este clamor popular por la verdadera nacionalización se sustenta, además, en la inapelable decisión del Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad jurídica del país, que estableció en abril del 2005 que los contratos petroleros son nulos de pleno derecho y que, por tanto, las transnacionales operan en Bolivia como verdaderos piratas, saqueando sin ley ni honor las ingentes riquezas del pueblo más pobre de Sudamérica.
Por ello, el decreto de Morales, lejos de avanzar hacia la nacionalización de los hidrocarburos, lo que en realidad hace es dar un nuevo plazo para que las petroleras legalicen su presencia en el país, en el marco de la ley pro petrolera 3058, que establece que el Estado es el dueño nominal de todas las riquezas naturales, pero que son las petroleras las dueñas reales del gas y el petróleo, y de los millonarios beneficios que depara su explotación y comercialización.
Según el superministro Villegas, las misivas de las petroleras sostienen taxativamente que aceptan las disposiciones del decreto supremo y que además, están dispuestas a entrar a un proceso de negociación.
Las
negociaciones con las petroleras arrancarían la próxima semana,
con la previsible aunque limitada resistencia de las transnacionales a pagar
nominalmente más impuestos. De uno u otro modo, aunque a regañadientes,
todas las petroleras extranjeras como Repsol, Petrobras, British Petroleum,
Vintage, Total, Enron, Shell, Panamerican y otras, ya anunciaron hace meses
su disposición a adecuarse a la Ley 3058, que nominalmente les obliga
a cancelar más impuestos y regalías, hasta en un 50%, aunque
en términos reales, según estudios especializados independientes,
no superaría el 35%. Esta ley, además, les pone a salvo de su
expulsión legal de Bolivia y echa tierra y olvido sobre todas las irregularidades,
delitos, dolo, fraude fiscal y el millonario daño económico
infringido al Estado desde mediados de los años 90.
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