INTENTAR ANULAR RENACIONALIZACIÓN DE LA MINA CARACOLES

Redacción de Econoticiasbolivia.com

La Paz, mayo 23, 2004.- Poderosos consorcios mineros extranjeros y nacionales están intentando anular el traspaso de la mina de Caracoles al dominio estatal, advirtieron dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.

Empresarios, ligados al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, están presionando para que las autoridades de gobierno de Carlos Mesa den marcha atrás y no ejecuten el convenio del pasado miércoles 19 de mayo y por el cual el yacimiento de Caracoles, que había sido entregada al consorcio privado de Barrosquira, vuelve a poder de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

Este acuerdo había sido obtenido por la lucha de los más de 220 trabajadores mineros que operaban esa mina y que por más de dos semanas, junto a sus familias, habían cercado las oficinas gubernamentales mineras en La Paz, exigiendo respuestas positivas a la crisis desatada por la ocupación de Caracoles, realizada por más de 800 cooperativistas la primera semana de mayo.

EL ACUERDO

El acuerdo firmado entre la Federación de Mineros y el gobierno establece la anulación del contrato que permitía que la trasnacional Barrosquira del alemán Killman opere Caracoles, por lo que a partir de ahora sería la estatal COMIBOL la que explorará y explotará el yacimiento, asumiendo las labores propias de la minería.

En el segundo punto del Convenio se establece que los 222 trabajadores que pertenecían a la Empresa Barrosquira pasan a ser trabajadores regulares de la Empresa Minera Caracoles, dependiente de COMIBOL.

"De hecho estos dos puntos significan, en la práctica, el inicio de la refundación de COMIBOL, empresa que en el pasado generó miles de millones de dólares para el desarrollo del país", señala la Federación de Mineros.

Con este acuerdo, la COMIBOL "vuelve a las actividades productivas, dejando de ser un simple administrador de contratos de riesgos compartidos y arrendamientos".

"Sin embargo, luego de la firma del Convenio se vislumbra una ofensiva reaccionaria que pretende frustrar el convenio. Existen fuertes intereses económicos de la minería mediana y trasnacional que utiliza a varios sectores para frenar esa conquista del pueblo boliviano", dice la Federación de Mineros, que denunció "la falta de voluntad política" del gobierno para llevar el convenio a la práctica.

Hasta ahora, los mineros de Caracoles no han podido reingresar a la mina, que sigue ocupada por los cooperativistas, los que tampoco han encontrado una solución a su demanda de acceder a yacimientos que puedan explotar para mantener a sus familias.
Según la Federación de Mineros, este conflicto entre los trabajadores regulares y los cooperativistas estaría siendo aprovechado por los empresarios, temerosos de que estos dos sectores, hoy en pugna, se organicen para anular otras concesiones mineras. Los empresarios no quieren que cunda el "mal ejemplo de Caracoles.

AL RESCATE DE LA MINERÍA

Según la Federación "es urgente imponer al gobierno una política minero metalúrgica que rescate nuestros recursos mineros y solucione el grave problema creado a partir de la tristemente famosa relocalización minera del año 85 - 86, que originó la creación de centenares de cooperativas mineras sin apoyo técnico de los gobiernos de turno".

"Hoy, cuando se tiene cotizaciones recuperadas de los minerales, el gobierno debe asumir su rol, por cuanto los únicos beneficiarios de esa subida de precios son los empresarios, quienes, gracias al Código Minero faccionado por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada aportan montos irrisorios al Estado en materia de impuestos", dice la Federación.

Los datos oficiales establecen que las empresas exportadoras de minerales obtienen anualmente un ingreso de por lo menos 300 millones de dólares, pero destinan tan sólo 5 a 6 millones de dólares en beneficio del Estado, bajo la forma de regalías. Antes de la destrucción de COMIBOL, todos estos recursos iban al Tesoro General de la Nación.

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