ECONOTICIAS.- Bolivia habría hecho el peor negocio de su historia al capitalizar y entregar sus empresas públicas a las grandes transnacionales. El controvertido y polémico proceso de capitalización generó desempleo, una drástica caída en la rentabilidad de esas empresas y un millonario daño al Estado, asegura un informe del Ministerio de Desarrollo Económico publicado en su momento por Econoticias.

Entre 1996 y 1999, el empleo en las empresas que fueron capitalizadas disminuyó en 7 por ciento, mientras que la rentabilidad bajó hasta un promedio de 3,8 por ciento, un nivel que está muy por debajo de lo que habitualmente percibían esas empresas cuando estaban en manos del Estado.

Asimismo, el proceso de capitalización originará que el Estado deje de percibir más de 3 mil millones de dólares, tan sólo por la reclasificación tributaria de los campos hidrocarburíferos existentes en el país.

Según las autoridades del sector, Bolivia está pagando una factura muy alta y onerosa que se traduce en una elevación de los costos de los servicios, la caída en el empleo, en menores ingresos para el Estado y un millonario costo sobre el erario fiscal.

Sin pagar ni un centavo al Estado, las transnacionales tomaron el control, la administración y el 51 por ciento de las acciones de las ex empresas públicas al prometer invertir un poco mpás de 1.600 millones de dólares en un lapso de cinco años. El restante 49 por ciento de las acciones será distribuido entre los ciudadanos, que obtendrían individualmente entre 300 a 400 dólares, por una sola vez. En este proceso, las utilidades de las empresas son distribuidas entre las transnacionales y los mayores de 60 años que reciben un bono anual menor a los 70 dólares, mientras que el Estado recibe impuestos y regalías.

CAE EL EMPLEO

Según los datos oficiales, el nivel de empleo de ENDE, ENFE, YPFB y ENTEL disminuyó desde 3.585 empleos existentes en 1996 hasta 3.350 empleos en 1999, lo que equivale a una reducción del 7 por ciento.

Y esto ocurrió a pesar de las inversiones realizadas en estas empresas y a la promesa de los capitalizadores por incrementar sustancialmente los niveles de empleo.

MENOR RENTABILIDAD

El informe gubernamental cuestiona también la drástica caída en la rentabilidad de las empresas públicas desde que fueron capitalizadas.

Los datos oficiales muestran que la rentabilidad promedio de las empresas capitalizadas se situó alrededor del 3,8 por ciento en el trienio 1997-1999.

Esta rentabilidad significa una utilidad de apenas 116 millones de dólares, cifra que es muy desalentadora si se la compara con los ingresos que generaban estas empresas cuando estaban en manos del Estado.

Tan sólo ENTEL, antes de ser capitalizada, en 1996, había reportado en ese año una utilidad de 52 millones de dólares para el Tesoro General de la Nación. Sin embargo, en 1999, la ENTEL capitalizada generó una utilidad de apenas 8 millones de dólares para los bolivianos, agrega el informe oficial.

LAS PÉRDIDAS

Otro efecto negativo de la capitalización es, según Desarrollo Económico, el millonario daño que sufrirá el Estado como consecuencia de la reclasificación tributaria de los campos bolivianos de hidrocarburos.

Por este cambio en el sistema impositivo, definido en noviembre de 1996, el Estado perderá en los próximos diez años la suma de 3.152 millones de dólares.

Sólo en el campo San Alberto –considerado como una de las reservas más grandes de gas natural del país- el Tesoro General de la Nación dejará de percibir cerca de 1.941 millones de dólares.

Las pérdidas se originan en la disposición gubernamental de 1996 por la que campos de hidrocarburos ya descubiertos y con reservas probables y probadas fueron clasificados como campos nuevos. Los campos nuevos deben tributar sólo el 18 por ciento y ya no el 50 por ciento que se exige a los campos antiguos o en explotación.

Según Desarrollo Económico, muchos de los campos hidrocarburíferos del país, entre ellos San Alberto, fueron catalogados indebidamente como campos nuevos, sólo para que los inversionistas extranjeros paguen un 18 por ciento de impuestos y ya no un 50 por ciento, como correspondía legalmente.