El documento presenta datos que no siempre coinciden con los presentados por el Estado boliviano y le reclama cumplir su compromiso de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres asumido en varios eventos internacionales, como la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en 1995.

El informe fue recopilado y redactado por la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba, editado y presentado en Bolivia por la doctora Luisa Cabal del Centro Legal de Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP), con sede en Nueva York, que coincidió con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Según el informe, Bolivia registra la tasa más alta de mortalidad materna en América Latina y el Caribe ( 416 por cada cien mil nacidos vivos), sin tener en cuenta Haití (600 por cada cien mil nacidos vivos); para el informe oficial del gobierno, este dato es de 274 defunciones por cada cien mil nacidos vivos en el área urbana y 524 en el área rural.

La atención médica materna sigue siendo deficiente, insuficiente y/o inoportuna. "Tiempos de espera, maltrato, rechazo, falta de información, muchas horas de separación de los familiares antes y después del parto hospitalario, sábanas y frazadas sucias, baños deteriorados y malolientes, y falta de apoyo emocional son factores presentes en las instituciones que inciden en la decisión de las usuarias de no acudir al sistema de salud pública."

Por otra parte, pese a que el cáncer cérvico uterino cobra el 25% de las muertes de mujeres, y que en La Paz se registren 154 casos de fallecimiento por cada cien mil mujeres de 35 a 64 años, el Seguro Básico de Salud no ha incorporado entre sus prestaciones la prueba al PAP (prueba de detección del cáncer cérvico-uterino), a pesar de que es una prueba simple, barata y de fácil obtención, agrega el informe.

En el tema de anticoncepción el gobierno boliviano establece expresamente, como parte de su política de población, la difusión de información sobre salud reproductiva y la promoción de los métodos de regulación de fecundidad, así como el apoyo a los servicios de planificación familiar. Pese a estos principios, estadísticas de 1998 indican que sólo 48% de las mujeres en unión estaba usando métodos anticonceptivos. De este porcentaje, 25% corresponde a métodos modernos y 22% a métodos tradicionales.

Una de las razones que explican el bajo porcentaje de uso de métodos modernos es que el Seguro Básico de Salud no subvenciona la distribución de métodos anticonceptivos, lo cual deja desprotegida a una gran población de bajos recursos y con una alta demanda no satisfecha de planificación familiar.

"En este contexto, el sector privado en Bolivia desempeña un papel importante en el suministro de anticonceptivos, teniendo una cobertura de 56% de las usuarias de método modernos de planificación familiar de acuerdo con cifras de 1998. El sector público por su parte en 1994 aumentó su participación de 33% a 42%."

Se estima que en Bolivia aproximadamente de 27% a 35% de las muertes maternas están relacionadas con abortos realizados en condiciones de riesgo; se calcula que el número de abortos clandestinos practicados en el año 2000 en Bolivia fue de entre 30 a 40 mil abortos. La Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Bolivia estima una tasa de 60 muertes por cada diez mil abortos.

Del total de casos que ingresan a los servicios médicos con abortos incompletos, resulta difícil establecer cuáles fueron provocados ya que, generalmente, las mujeres argumentan que se cayeron o que cargaron pesos excesivos. "Lo que se sabe es que algunas mujeres realizan estas actividades con el propósito de provocarse el aborto. Otras mujeres recurren a mates y tallos que inducen el aborto."

Según dicho informe las mujeres que llegan a los centros de salud pública con complicaciones de aborto son de escasos recursos y no pueden acceder a un servicio médico adecuado y recurren a servicios médicos baratos y no siempre garantizados.

Las hemorragias en la primera mitad del embarazo son atendidas en los centros u hospitales de salud a cargo del Seguro Básico de Salud, servicio al que las mujeres de zonas rurales y periurbanas no acceden debido a factores culturales y al maltrato que reciben de los prestadores de servicio de salud, señala el informe.

La penalización del aborto por el Código Penal Boliviano provoca uno de los principales problemas de salud pública, dada su incidencia en la mortalidad materna y los costos hospitalarios por las intervenciones médicas que requieren las complicaciones de abortos mal realizados.